El Ayuntamiento de Aranda de Duero destinará 15.730 euros de las arcas municipales a un informe jurídico que analizará si determinadas actuaciones relacionadas con la plaza de toros pudieron tener relevancia penal.
Un informe para investigar lo ocurrido
El Ayuntamiento ha recurrido a un despacho especializado en Derecho Penal mediante un contrato menor y con un plazo de ejecución de tres meses.
El trabajo deberá estudiar los hechos relacionados con el expediente de la plaza, analizar si alguno puede tener relevancia penal, determinar posibles responsabilidades, estudiar su posible prescripción y valorar qué actuaciones podría emprender posteriormente el Ayuntamiento.
En definitiva, el informe deberá aclarar si existen indicios de posibles irregularidades penales y, en ese caso, qué pasos puede dar el Consistorio.
El informe ya ha provocado debate en el pleno
La decisión de destinar dinero público a este trabajo también llegó al último pleno municipal, donde volvió a enfrentar las diferentes posiciones sobre la plaza de toros.
El portavoz socialista, Ildefonso Sanz, cuestionó el objetivo del contrato y el empleo de fondos municipales para investigar actuaciones ocurridas años atrás.
El alcalde, Antonio Linaje, defendió la necesidad de esclarecer lo sucedido y recordó los antecedentes de un conflicto que acompaña a la plaza de toros desde hace más de dos décadas.
Una factura que continúa creciendo
El nuevo desembolso llega mientras el Ayuntamiento continúa trabajando para resolver la situación administrativa del recinto y avanzar en su posible legalización.
El coste de este informe se suma a los procedimientos, trámites y actuaciones acumulados durante años alrededor de la plaza de toros.
Más de dos décadas después del origen del conflicto, la instalación continúa generando gastos para las arcas municipales y nuevos capítulos en una historia que todavía no está cerrada.