Toros Ricor dispone de seis meses para presentar un proyecto que permita adecuar las instalaciones, mientras el Ayuntamiento abre también un expediente sancionador
La plaza de toros de Aranda de Duero entra en una nueva etapa que podría resultar clave para resolver una situación urbanística que lleva años generando polémica en la ciudad. El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística y ha dado a Toros Ricor S.L. un plazo de seis meses para presentar un proyecto técnico de adecuación y legalización.
El movimiento supone un paso importante, pero no significa que el coso esté ya legalizado ni que pueda volver a abrir sus puertas. Lo que comienza ahora es el procedimiento para intentar que las instalaciones puedan ajustarse a la normativa.
Las obras no se ajustan completamente a las licencias
Los informes municipales han analizado la situación de la plaza de toros, el edificio anexo y los aparcamientos.
Las conclusiones señalan que las actuaciones realizadas en estas instalaciones se ejecutaron al amparo de distintas licencias, pero no se ajustan completamente a las condiciones establecidas en ellas.
Sin embargo, hay un elemento especialmente relevante: los técnicos municipales consideran que las actuaciones ejecutadas son compatibles con el planeamiento urbanístico actualmente vigente.
Esta circunstancia es la que permite abrir ahora una vía para tratar de adecuar y legalizar las instalaciones.
Seis meses para presentar una solución
Toros Ricor tendrá un máximo de seis meses para presentar el proyecto técnico.
El documento deberá determinar qué actuaciones son necesarias para adaptar las instalaciones y deberá prestar especial atención a cuestiones como la seguridad, las vías de evacuación, la protección contra incendios, la accesibilidad y los aparcamientos.
También tendrá que contemplar las actuaciones de conservación que sean necesarias en el aparcamiento exterior.
Una vez presentado el proyecto, serán los servicios técnicos y jurídicos municipales quienes estudien su contenido.
Si obtiene los informes favorables, podrá tramitarse una nueva licencia de obras para ejecutar las modificaciones que resulten necesarias. Posteriormente, las actuaciones realizadas tendrán que superar una nueva inspección municipal.
La plaza todavía no puede abrir
El paso dado por el Ayuntamiento no supone la legalización automática de la plaza.
La resolución no concede una licencia de primera ocupación ni una licencia de apertura. Tampoco supone, en este momento, una orden de demolición.
Por tanto, todavía quedan diferentes trámites antes de que pueda hablarse de una regularización definitiva del recinto.
Las actuaciones concretas que tendrán que realizarse dependerán del proyecto que presente Toros Ricor y de los posteriores informes municipales.
También se abre un expediente sancionador
El procedimiento para intentar regularizar las instalaciones no llega solo.
Paralelamente, el Ayuntamiento ha acordado iniciar un expediente sancionador que deberá determinar si existen responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas y, en su caso, las consecuencias correspondientes.
Se trata de un procedimiento independiente del proceso de adecuación y legalización.
Un problema que Aranda arrastra desde hace años
La situación de la plaza de toros se ha convertido en uno de los asuntos urbanísticos y jurídicos más complejos de Aranda de Duero.
La licencia de primera ocupación y apertura concedida en 2014 terminó siendo anulada judicialmente y, desde entonces, la situación del recinto ha continuado generando procedimientos administrativos, judiciales y un intenso debate en la ciudad.
El propio Ayuntamiento ha comenzado este año a hacer pública documentación del expediente para reconstruir las diferentes decisiones adoptadas durante más de dos décadas.
Ahora se abre un nuevo capítulo.
Los próximos seis meses serán fundamentales para conocer si existe finalmente una vía técnica y jurídica que permita avanzar hacia la legalización de la plaza de toros de Aranda.